Hasta un año para valorar a menores víctimas de abuso sexual

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El Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas denuncia la carencia de personal del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, organismo encargado de las pruebas periciales a las víctimas de violencia sexual.

De hecho, la plantilla del mismo es bastante escasa: cuatro forenses psicólogos en plantilla (estando dos de baja, contratando a solo un sustituto). Esto hace que los exámenes psicológicos se demoren hasta un año.

Según Eugenio Pasamontes, responsable del Área de Psicología Jurídica del colegio, «esto afecta a las personas porque, si no se realizan las valoraciones a tiempo, no se puede intervenir. En un presunto caso de agresión o abuso sexual, hasta que no se hace la valoración no hay intervención, esto causa un gravísimo perjuicio para la persona».

Y es que el «mayor número de casos» tratados son «casos de familia». En su opinión «se está cometiendo un gravísimo agravio con los menores que deberían de tener la máxima asistencia y nos vemos con que es el principal perjudicado».

De acuerdo con Pasamontes, no se puede «intervenir», es decir, darle al menor acogida, tratamiento o cualquier tipo de ayuda sin antes valorar, puesto que de lo contrario se interfiere la prueba pericial.

Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, decano del colegio, culpa al Gobierno canario y en especial al consejero de Presidencia José Miguel Barragán, de la falta de personal del Instituto de Medicina Legal, asegurando que en el colegio había psicólogos cualificados para hacer el trabajo y prevenir el colapso.

Hace tiempo ya que Presidencia contactó con el colegio, que proveyó 25 profesionales que se encargaron de una media de diez expedientes por persona. Actualmente, según Sánchez, «hemos estado en conversaciones, pero no se llega a nada».

Por ello, se exige la externalización de las pruebas forenses para terminar con las demoras que causan un problema «grave y sangrante».

De acuerdo con el decano, «podrían convocar plazas y aumentar la plantilla (del Instituto de Medicina Legal), cualquier número superior a las existentes estaría bien, pero, o se da el recurso o se tira de externalizaciones».

«Nosotros nos ofrecemos a cubrir esa falta de recursos con profesionales formados», añadió.

Además, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife «está pasando lo mismo», puesto que se está hablando de «muchísimas» personas que esperan por la «pericia», lo que perjudica los procedimientos en curso retrasando todo el proceso. Una situación «hiriente».

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