La relación Canarias-Estado, más fría que nunca

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Después de una tensa reunión de más de tres horas de duración en Madrid, la administración central y la canaria constataron la gran brecha habida entre ambas respecto a las partidas canarias en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

Así, las diferencias llegan incluso a conceptos básicos como la interpretación de los fueros canarios –como el Régimen Económico y Fiscal y el Estatuto de Autonomía– y su aplicación en las políticas del Estado.

La reunión entre la delegación isleña y toda la plana mayor del Ministerio de Hacienda resultó ser un rotundo fracaso, puesto que las autoridades canarias manifestaron que “las posiciones están muy lejos” y que será “muy difícil” lograr un acuerdo.

Sin embargo, ambas partes seguirán “trabajando a nivel técnico” para “intentar hasta el último minuto” sacar adelante un acuerdo que evite la presentación por parte de Coalición Canaria (CC) una enmienda a la totalidad del proyecto de cuentas públicas.

Según el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, “vamos a ver si en próximas reuniones hay posibilidad de alcanzar un acuerdo, pero estamos lejos. Nosotros creemos que es mejor que haya presupuesto a que no haya, pero no podemos ser cómplices de unos presupuestos que pisotean los derechos de los canarios”.

El motivo de la falta absoluta de sintonía y de diferencia de posiciones se debe a la pretensión de ministerio liderado por María Jesús Montero de computar las ayudas del REF recogidas en los PGE como inversión del Estado en el archipiélago para el establecimiento de la media de inversión con relación al resto de comunidades autónomas.

María Jesús Montero
María Jesús Montero, ministra de Hacienda

De esta forma, el Estado acepta el mandato del fuero isleño de invertir en Canarias una cantidad igual a la media estatal en el conjunto del país, pero para ello cuenta también subvenciones como la bonificación del transporte marítimo y aéreo a residentes, además de las inversiones directas de ministerios y organismos autónomos en el archipiélago.

De acuerdo con Clavijo, esto es “pisotear los derechos de los canarios y nuestros logros históricos”. A lo que añadió que “le hemos dejado meridianamente claro a la ministra que no vamos a permitir bajo ningún concepto que los fueros canarios se incumplan por los Presupuestos del 2019”.

El líder del Gobierno canario señaló que “cada vez que hay un cambio de interlocutor hemos tenido que explicar desde cero lo que es el REF, lo que son las compensaciones, lo que es el Estatuto. Tenemos que empezar de cero a dar las distintas explicaciones, pero esto es una máxima que ha quedado clara”.

Posiciones encontradas

El rechazo del Ministerio de Hacienda a los planteamientos de Canarias alcanzó a todos los puntos sobre la mesa, las partidas pendientes de las cuentas de los PGE de 2018, la ejecución de sentencia del convenio de carreteras o los aspectos fiscales por la tributación del 15% en el Impuesto de Sociedades.

El mandatario regional afirmó que “es un choque de trenes básico. Con el REF estamos en igualdad de condiciones que el resto de los españoles y a partir de ahí hablamos de Presupuestos e inversión, pero si nos computan la subvención del 75% como inversiones en transporte, y por eso ya no va a haber inversiones en carreteras, entonces es que no se entienden los principios del REF”.

Fernando Clavijo
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias

Uno de los ejemplos de la tensión reinante fue sobre si estaba justificado que las islas tuvieran un plan específico de lucha contra la pobreza, punto que esta incluido en la reforma del REF. Según presidente autonómico “no se entiende que en las Islas tenemos un mayor índice de pobreza y esas personas tienen menos oportunidades. Con cada tema volvíamos a la casilla de salida, como en el juego de la oca. Esto es el fuero canario y es lo que nos da igualdad de oportunidades que al resto de los españoles, a partir de ahí podemos hablar, pero no estamos dispuestos a renunciar a eso”.

Bye, bye a 327 millones

Acerca de la ejecución de las partidas canarias en los PGE de 2018, el Ministerio da la cifra en un 70%, lo que Clavijo califica como un “reconocimiento expreso por parte del Estado de que no se hicieron esas transferencias y que eso mermó la posición de inversión del Estado en Canarias y nos relegó a posiciones por debajo de la media”.

“Ya sabemos que los fondos no transferidos se van a perder y así se ha reconocido en el reunión”, poniendo como ejemplo que “si el pasado 15 de enero no se firmó el convenio de obras hidráulicas, los 40 millones del 2018 ya no van a Canarias”, explicó Clavijo.

Asimismo, existen dudas de que puedan firmarse los que no están en el proyecto presupuestario con ninguna partida, como es el caso del convenio de infraestructuras educativas de 42 millones en el 2018.

El presidente canario comentó que “se nos ha dicho que se estaba buscando la posibilidad de poder firmar esos convenios, pero ya sería con dinero con 2019 y se asegura que hay una complejidad técnico-administrativa y no tienen garantías de que en este año se puedan firmar esos convenios”.

Ministerio de Hacienda
Sede del Ministerio de Hacienda en Madrid

En cuanto al convenio de carreteras, las dos partes tienen interpretaciones diferentes de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago de la deuda y el Gobierno central continúa manteniendo que “sólo hay abonar a Canarias lo que se ejecutó, no lo que estaba en el convenio y no se transfirió”.

De acuerdo con Clavijo, “vamos a cruzarnos los informes jurídicos, vamos a tener que pedir aclaración de sentencia o ejecución de la misma si es necesario”.

Sea como sea, sí han acordado no paralizar el pago “si hay alguna forma jurídica para que le transfieran a la Comunidad Autónoma al menos el dinero ejecutado, sin poner en peligro los 345 millones de euros que nosotros entendemos que nos tienen que transferir en función de dicha sentencia”.

Sin solución para el diferencial

En relación con la eliminación del diferencial fiscal para las empresas canarias en la nueva tributación del Impuesto de Sociedades, la ministra tampoco ha garantizado que exista una salida jurídica a la redacción que contiene el proyecto presupuestario.

Según Clavijo, “le hemos transmitido que no solo perjudican a las empresas con estrategia de internacionalización, sino que se crea inseguridad jurídica y frustra proyectos de inversión”.

Montero, por otra parte, trasladó a las autoridades isleñas que continúan estudiando la posibilidad de que pueda usarse el superávit con el que cuenta el archipiélago, pero que “a día de hoy tampoco nos pueden garantizar nada”, según añadió Clavijo.

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