El juez de guardia de Las Palmas acata la decisión del TSJC y permite que la funcionaria vetada vuelva a trabajar

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El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván Mesa, ha acatado este martes  la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ha permitido a la funcionaria a la que ha vetado en las jornadas de guardia durante los últimos dos meses acceder a su puesto de trabajo y cubrir el servicio. El juez cumple así lo estipulado en el auto de medidas cautelares dictado la pasada semana por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del alto tribunal canario.

La empleada pública, que ejerce como tramitadora procesal, había sido expulsada de las dependencias judiciales hasta en ocho ocasiones por orden del juez, con quien mantiene un enfrentamiento desde 2016, con la consiguiente pérdida del complemento económico que llevan aparejada las guardias.


Según ha podido saber Canarias Ahora, el juez Galván, que acusa a la trabajadora de retrasos en la tramitación de las causas, la ha denunciado por un presunto delito de desobediencia. El escrito ha recaído en el Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, cuya titular ha citado a la funcionaria el próximo lunes.

Esta denuncia estaría relacionada con un episodio acaecido a finales de agosto, tras una de las órdenes verbales de expulsión decretadas por el juez a través de la Guardia Civil. Según las fuentes sindicales consultadas, la trabajadora reclamó que se le informase por escrito del acuerdo gubernativo en el que se basaba tal decisión, ya que entendía que no debía abandonar su puesto de trabajo puesto que no había sido sancionada ni suspendida.

Así lo recoge también un escrito remitido por el Gobierno de Canarias al magistrado. En este documento, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia le recordaba que sobre la funcionaria no pesaba en ese momento ningún expediente disciplinario, ya que el que se le había incoado en 2016, al que ha aludido Galván para justificar su decisión, se había archivado después de una baja médica porque prescribió. A pesar de esta advertencia,  el Ejecutivo regional se mostraba en ese mismo escrito «respetuoso» con las funciones de «dirección y organización» atribuidas por el Poder Judicial a los magistrados y a los letrados de la Administración de Justicia.

El presidente de la Junta de Personal, Luis Piernavieja, ha precisado, en relación a la denuncia contra la empleada pública por desobediencia, que en ningún momento ha sido detenida ni ha opuesto resistencia o ha tenido que ser expulsada por la fuerza y que siempre ha acatado las órdenes ejecutadas por la Guardia Civil. «Lo único que quería es que se garantizara su derecho a la defensa». Este órgano de representación de los trabajadores ha puesto a sus servicios jurídicos a disposición de la funcionaria en este proceso.

Piernavieja ha afirmado que la Junta de Personal celebra «con toda cautela» que el juez haya acatado el auto del TSJC, pero advierte de que se mantendrá expectante para comprobar cómo evoluciona el conflicto y si ha habido algún trato de desigualdad con el resto de los compañeros que han cubierto la guardia. «La lucha acaba de empezar. Queremos sellar desde la perspectiva legal y sindical cualquier orificio que pueda quedar para que no se cree un precedente y no le pase lo mismo a otro compañero», añade.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias ha convocado para el próximo viernes una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud para abordar el caso de esta funcionaria y arbitrar medidas de protección.

La Junta de Personal ya ha tomado la decisión de interponer querellas contra el juez Luis Galván y la letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) por la presunta comisión de delitos contra la libertad sindical, por una serie de actuaciones que considera «desmedidas e injustificadas».

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